Tomada de la edición impresa del Telégrafo del 23 de diciembre del 2009

Archivo Histórico del Guayas
por JORGE NÚÑEZ SÁNCHEZ

Ha vuelto a encenderse la polémica por el Archivo Histórico del Guayas y eso exige de los historiadores una opinión, puesto que los archivos guardan la materia prima de nuestro trabajo intelectual, que son los documentos. El caso no es fácil de tratar, pues en él se mezclan asuntos propiamente archivísticos con otros claramente políticos. Hay, pues, que poner las cosas en su sitio, para entender el problema y buscarle soluciones.

El Archivo fue fundado en 1971 por iniciativa de Julio Estrada Icaza, como una entidad pública. Desde 1980 fue financiado por el Banco Central y desde 1997 se halla administrado por la Fundación Miguel Aspiazu Carbo, gracias a un convenio con el BCE. Es, pues, una entidad pública, financiada con fondos públicos y manejada por una entidad privada.

Otra realidad evidente es que el AHG fue creado y se ha desarrollado bajo el impulso de historiadores guayaquileños, que buscaron recuperar la memoria social de su ciudad y región. Y también que ha cumplido una importante tarea al servicio de su ciudad y el país, mediante buenos servicios archivísticos y variadas publicaciones.

Adicionalmente, la Fundación MAC ha creado, adscrito al AHG, un Centro de Estudios sobre la Cultura Montubia, cuestión ciertamente extraña a la labor de un archivo y más propia de una entidad dedicada a la etnología. Con la declarada intención de efectuar tareas de “investigación, análisis, debate, capacitación y aporte a la formación cívica y ciudadana”, este centro ha sido un mecanismo de acción política regional y regionalista, alineado con las visiones e intereses de la clase dirigente porteña. Es más, ha pretendido ser el centro creador y difusor de una ideología localista y regionalista, que, curiosamente, se sostenía con fondos del Estado.

Por diversas razones, ese modelo de gestión del AHG se ha agotado. El Ministerio de Cultura ha asumido todas las labores culturales del Banco Central y, por otra parte, la nueva Ley de Cultura fortalece al Sistema Nacional de Archivos y dispone que todas estas entidades pasen a integrarse a él.

Esto ha causado alarma en Guayaquil. Hay quienes creen que esto amenaza los intereses locales y regionales, e incluso hay quienes piensan que “el centralismo” quiere llevarse el Archivo a Quito. Hallo que no hay motivo para esa alarma. Nadie quiere privar a los porteños de su magnífico archivo, pero está claro que esos bienes nacionales no pueden seguir siendo manejados por una entidad privada. En EE.UU., Europa y todo el mundo, los archivos forman parte de un sistema nacional integrado, manejado con criterios técnicos y por gentes profesionales.

En el caso del AHG, lo ideal sería que el Estado lo financiara adecuadamente y encargase su manejo a una entidad idónea, como la Academia Nacional de Historia, Capítulo de Guayaquil, formada por guayaquileños de gran respetabilidad. Con ello se evaporarían los recelos regionales.

En cuanto al Centro de Investigaciones sobre la Cultura Montubia, opino que éste es creación y propiedad de la Fundación Miguel Aspiazu Carbo y que ella debería manejarlo independientemente del AHG.