Compañeras y compañeros: Soy Adrián De la Torre Pérez CI 170784824-6, y he sido aludido en un editorial del grupo cinematográfico Ocho y medio en un texto titulado "La verguenza de la cultura". Frente a esto, envié una respuesta que ahora comparto con ustedes, a fin de que se sirvan valorarla.
Quiero dejar constancia de mi felicitación por la acuciosidad de su trabajo y mi agradecimiento por el gran servicio que prestan al país. Los animo a continuarlo.
Su amigo,
Adrián
EN TIERRA DE CIEGOS EL TUERTO ES REY
Sobre el editorial “La vergüenza de la cultura” de cines Ocho y medio, del que me acabo de enterar
No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice el pueblo. Resulta que “se han escuchado y leído criterios” de varios sectores sobre que el proyecto de ley de cultura presentado por el Ministerio de Cultura, es uno que beneficia desproporcionadamente al cine y al audiovisual. Este criterio cunde por el país y lo hemos escuchado hasta en boca de algunos Asambleístas, se quejan los editorialistas del Ocho y medio. Tal vez sea porque ya en el segundo párrafo el mentado proyecto dice: “la ley se ocupa de manera amplia y vigorosa del fomento de la creación de contenidos audiovisuales nacionales e independientes”, (…) “constituye un tema central para la política cultural”.
La ley asegura a estos productores nacionales independientes, no solo el fomento de su actividad sino la garantía de difusión en los medios masivos y fija una cuota de pantalla. Se debe aclarar que el Instituto Audiovisual no busca la profesionalización de los artistas audiovisuales (y el amplio sector profesional que se desarrolla a su alrededor) sino que cumple el papel de administrador de los apoyos financieros. Aseguran que así se pone al Ecuador a la vanguardia de la legislación audiovisual del continente “para responder a los desafíos del intercambio comercial y cultural del audiovisual”
¿Los demás sectores deben entender simplemente que sus necesidades no merecen el mismo tipo de empeño estatal?
En nuestras observaciones al Motivo 4 de la ley, anotábamos: Se asegura que “es necesaria la diferenciación entre el sector cinematográfico y las demás artes debido a la complejidad y especialidad del audiovisual, ocasionada por su carácter industrial y su vinculación con los medios de difusión masiva, donde han sido marginales, rayando con la indignidad”. Lo mismo y tal vez en mayor medida se podría decir de otras artes que, debido a estas consideraciones, deberían tener también su trato diferenciado y empeñoso. Sin embargo, parece ser que el desarrollo de esas otras artes no tiene el mismo peso en el interés de los autores de la ley.
Omiten la situación de las otras artes, desconociendo las condiciones de trabajo precarias en las que se desenvuelve la gran mayoría de profesionales (por condición, no por calificación) del sector cultural, causadas finalmente por la histórica incomprensión estatal sobre la naturaleza y fines de las profesiones culturales.
Será que el comentario que oyeron los editorialistas se da porque en el proyecto de ley se declara “prioridad del Estado apoyar en particular a los creadores y productores independientes (…) y las industrias culturales”, en un alarde de buscar financiamientos para proyectos particulares. Se confunde al Estado, con el mecenas ideal. Se ignora que la ley no puede generar excepciones, la ley en tanto norma, es contraria a la excepción. Por tanto, no se trata de impedir el apoyo a particulares, sin embargo, con sujeción a las disposiciones constitucionales, la ley debe integrar privilegiadamente al sector comunitario de la producción cultural. Esta concepción es incluso más correspondiente con la naturaleza de las actividades culturales tanto de producción como de servicios.
La consideración que hace la ley sobre las industrias culturales (art 42) se refiere a la apertura de salas de cine o teatros y edición de libros o revistas. El Art. 22, numeral 3 promueve la creación de negocios privados como las salas de cine en el espacio público.
En el Art. 42, exoneran del impuesto a la renta durante tres años a “empresas y organizaciones sociales de carácter lucrativo con personería jurídica propia que se constituyan a partir de la promulgación de la presente ley”. Este artículo privilegia la creación de cines y teatros y la edición de libros y revistas sobre las demás actividades.
En el Sistema Nacional de Cultura se plantean dos institutos: El Instituto Nacional de las Artes (Art. 61), y el instituto del audiovisual (Art. 63). Nuevamente, para que nos quede claro, el cine solito se equipara a todas las demás artes juntas.
Las competencias del Instituto de Cine (Art. 64) son las subvenciones, asignaciones, apoyos y estímulos económicos para los productores audiovisuales. Se pueden encontrar otras sutilezas en el texto de la ley, pero por hoy basta esto para apoyar el argumento de varios representantes sociales.
Como parece que algunos miembros del mundo del cine se creen intelectuales superiores, se les ocurre decir: “Todos los argumentos emitidos son demagogia pura: cero argumentos y posiciones que aparecen como meramente personales. La vergüenza de la cultura no tiene espacio para el debate técnico, sino solo para tirar estiércol con ventilador contra un proceso que ya les es imparable al momento, y por lo mismo, deben recurrir a este tipo de declaraciones para frenarlo o desprestigiarlo”.
La peregrina conclusión que pretenden vender es que aquellos a quienes se nos ocurra pensar que la ley no es proporcional estamos contra el cine ecuatoriano. Nuestro apoyo al sector cinematográfico, como a todos los otros sectores, es militante y así lo saben los compañeros del campo audiovisual que han querido conversar con nosotros. Aclaro que los sistemas de apoyo que planteamos para el audiovisual, difieren de los del proyecto de ley porque los que han sido planteados no los consideramos estratégicos y también porque resultan direccionados a un sector específico de la industria cinematográfica: directores, productores y dueños de cines, cuando el espectro en esta industria es, como ustedes saben, mucho más amplio.
Pero hasta acá nos ha traído el desatino del proceso planteado por el Ministerio. Ignorando que el país acordó una nueva Constitución que por primera vez nos reconoce derechos culturales y pasando por alto que estos derechos son universales, no se dedicó a la tarea de juntar el pensamiento de los distintos sectores para lograr el beneficio común. No se entendió tampoco la función de una Ley Orgánica para lo cual les recomiendo leer la Constitución Art. 133.
Se sabe también que Noriega fue presidente de Cinememoria hasta el momento de incorporarse a la vida pública, lo que motivó que la Corporación renuncie a una subvención otorgada por el Ministerio de Cultura. Habría que inferir que el cine es el campo que el Ministro Noriega conoce y apoya. Por eso es que este (para ustedes) dudoso gestor cultural, citado fuera de contexto, no se podría empachar ni avergonzar al decir que el posible Instituto del Audiovisual servirá “a los allegados del ministro”.
¿O será que a nosotros nos ha faltado entendimiento sobre lo que dice el proyecto de ley, causado por “un equivocado manejo comunicacional por parte del mismo Ministerio de Cultura con los gestores de los otros sectores”, como ustedes afirman?
Con solvencia digna de mejor causa los editorialistas nos aseguran que “La nueva Ley de Cultura lo único que hace, en la práctica, es cambiar el nombre del Consejo Nacional de Cine del Ecuador a Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual”. Más adelante nos restriegan la historia del CNCine y la Ley de Cine. Reconocemos como el que más el esfuerzo del gremio pero quisiera llamar su atención sobre el hecho de que estamos discutiendo una LEY ORGÁNICA (así lo ha ratificado la Asamblea Nacional), que garantiza y reglamenta el ejercicio de derechos universales, inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía (ver Art. 11 Constitución). Consecuentemente, la ley del Cine deberá reformarse de acuerdo a lo consagrado en la nueva Ley Orgánica en atención a los derechos constitucionales. ¿Me explico?
Si "un país sin cine, es un país invisible", como dicen los editorialistas, ¿qué termina siendo un país sin música, teatro, danza, plástica, arquitectura?
Para no perder la memoria, recordemos que el Ministro Preciado inició el pago de la inscripción del país en el programa IBERMEDIA.
A pesar de que en el editorial se quejan de las actitudes tibias de la actual administración cultural, también parece que es bien apreciada por quienes han escrito el editorial pues reconocen que “nunca el sector del cine y el audiovisual, ha tenido la visibilidad que tiene ahora”. Bien por ellos, pero, créanlo o no, los demás sectores creativos tienen una intensa vida propia que les gustaría desarrollar. Ya sé que ustedes no tienen nada que ver con los demás, solo les cuento.
Luego el editorial pontifica sobre la supuesta desaparición del CNCine, - idea traída de los pelos-, utilizando un recurso demasiado visto en producciones sensacionalistas.
No dudamos que el audiovisual también es campo de batalla de la soberanía cultural y conocemos de su potencial industrial, es bueno también que los involucrados lo manejen de esa manera. Están defendiendo su derecho. Nosotros hablamos de defender también el derecho de los otros, visibilizarlos como a ustedes, entender su potencial como lo han logrado ustedes. Pretendemos la posibilidad de avanzar juntos.
Es una lástima que ni siquiera entiendan la idea o que esta les resulte de “viscosidad turbia” y así escojan la salida más fácil y parcial. Parece ser que la cantidad de estudios en el extranjero los mantiene alejados de la realidad ecuatoriana.
¿Qué nivel de debate pretenden alcanzar con esta clase de editoriales? El que comentamos es una vergüenza para el nivel que dicen tener.
Adrián De la Torre Pérez
C.I. 170784824-6
24 enero de 2010
